¿Cómo aseguré la neutralidad administrativa durante el periodo electoral de 2025-2026 sin paralizar la operación pública?
En mi rol administrativo viví el inicio del régimen el 8 de noviembre de 2025 y gestioné sus efectos hasta el 31 de mayo de 2026, con extensión al 21 de junio si hubo segunda vuelta. La precisión temporal y el ajuste de cronogramas fueron claves para no afectar contrataciones ni nómina.
Me apoyé en información técnica de la MOE sobre seis componentes regulados: contratación estatal, nómina, conducta de funcionarios, uso de bienes del Estado, medios y encuestas. Expliqué cada decisión con documentos y seguí lineamientos para reforzar transparencia.
También evalué riesgos legales: sanciones penales amplias, multas e inhabilidades que motivaron controles internos. En lo práctico, diseñé reglas claras para el uso de recursos y para responder preguntas ciudadanas con datos verificados.
Conclusiones clave
- Identifiqué fechas claras y ajusté cronogramas internos para evitar restricciones.
- Documenté actuaciones con información técnica de la MOE para garantizar transparencia.
- Priorizé neutralidad operativa en comunicaciones y uso de bienes públicos.
- Implementé controles que redujeron el riesgo de sanciones penales y administrativas.
- Compartí lecciones prácticas para que equipos entiendan el periodo y sus límites.
Lo que viví cuando empezó la Ley 996 de 2005 y por qué importa en 2026
El 8 de noviembre de 2025 fue el punto de partida para ajustar prioridades y proteger la operación administrativa.
Ante la entrada en vigor de ley 996 2005 revisé cada cronograma. Identifiqué los días clave: 8 de noviembre, 31 de enero y la vigencia hasta mayo.
Priorizé proyectos sin riesgo de restricciones y sistematicé la información en matrices de riesgo. Controlé contratación y nómina con checklists respaldados por soporte jurídico.
- Comuniqué hitos y señales de alarma al equipo.
- Planifiqué contingencias por posible segunda vuelta hasta 21 de junio.
- Adapté carga de trabajo a periodos de menor exposición durante las elecciones.
Al cerrar mayo 2026 levanté un balance con aciertos y pendientes. Esa experiencia mostró por qué la ley garantías y las garantías electorales protegen la neutralidad institucional.
Cuando hay ley de garantías en Colombia: fechas clave y periodos de aplicación
Marqué en mi calendario el 8 de noviembre 2025 como inicio del periodo con restricciones y planifiqué acciones críticas antes de esa fecha.
Desde el 8 de noviembre 2025 hasta el 31 de mayo 2026
Las limitaciones arrancaron el 8 de noviembre 2025 y se mantuvieron hasta mayo 2026. Durante esos meses señalé tareas que debían terminarse antes del corte.
Extensión hasta el 21 de junio en caso de segunda vuelta
Si hubo segunda vuelta extendí controles hasta el 21 de junio. Ese ajuste obliga a ubicar claramente los días de mayor sensibilidad.
Diferencias entre tramos legislativos y presidenciales
Distingí el tramo ligado a elecciones legislativas, que afectó convenios interadministrativos, del tramo presidencial, que implicó la suspensión de contratación directa desde el 31 de enero de 2026.
| Fecha | Acción restringida | Ámbito |
|---|---|---|
| 8 nov 2025 | Inicio de restricciones | Nacional y territorial |
| 31 ene 2026 | Suspensión contratación directa | Todas las entidades |
| 31 may 2026 / 21 jun | Prohibición convenios interadministrativos | Gobernadores, alcaldes, directivos descentralizados |
- Permití prórrogas y adiciones de contratos vigentes con trazabilidad.
- Organicé cargas por meses para evitar concentrar decisiones en ventanas de riesgo.
- Notifiqué equipos sobre la prohibición de convenios y la correcta aplicación de la norma.
Qué regula la Ley de Garantías Electorales según la MOE
Al enfrentar el periodo electoral puse foco en los seis elementos que la MOE identifica como claves para proteger la neutralidad.
Seis componentes esenciales
Contratación estatal: implementé filtros previos y controles específicos por tipo de proceso. Esto redujo riesgos legales.
Nómina: revisé movimientos para respetar la carrera administrativa y evitar vinculaciones indebidas.
Conducta: di pautas claras a los servidores públicos para impedir sesgos y mantener imparcialidad.
- Uso de bienes: limité cesiones de espacios, vehículos y recursos públicos a actividades funcionales.
- Medios: coordiné comunicaciones para asegurar pluralismo y equilibrio en contenidos institucionales.
- Encuestas: pedí verificación de metodología, tamaño de muestra y registro antes de publicar resultados.
| Componente | Acción aplicada | Objetivo |
|---|---|---|
| Contratación estatal | Filtros por etapa y tipo | Transparencia y legalidad |
| Nómina | Revisión de movimientos | Protección de la carrera |
| Servicios y salud | Protocolos especiales | Continuidad sin vulnerar norma |
| Medios y encuestas | Control de contenidos y metodologías | Imparcialidad y confianza pública |
Mantener informadas a las entidades y dejar actas motivadas fueron pasos clave. Priorizamos trazabilidad total sobre el uso de recursos públicos.
Contratación estatal en época de restricciones: lo que pude y no pude hacer
Durante el periodo electoral tuve que redefinir todos los procesos de contratación para ajustarlos a las prohibiciones vigentes.
Convenios interadministrativos: prohibición absoluta
Desde el 8 de noviembre de 2025 bloqueé la firma de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. La prohibición fue absoluta para gobernadores, alcaldes y directivos hasta el 31 de mayo o el 21 de junio si hubo segunda vuelta.
Suspensión de contratación directa y sus alcances
A partir del 31 de enero suspendí la contratación directa en todas las entidades. Permití excepción a defensa, operaciones de crédito público, atención por desastres o emergencias y reconstrucción por fuerza mayor.
Revisé contratos vigentes y confirmé que las prórrogas, adiciones y cesiones siguieron habilitadas si no cambiaban el objeto. Exigí acto administrativo motivado para cada excepción, con justificación técnica, presupuestal y un acuerdo de control interno.
- Documenté ejecución y hitos de supervisión para reducir riesgo de nulidad.
- Implementé una matriz de riesgos por tipo de procesos y mantuve reportes periódicos sobre recursos y contratos exceptuados.
Nómina y personal: cómo se congela la planta y las vinculaciones
Con un enfoque técnico, restringí cambios en la planta para evitar presiones y asegurar continuidad.
Desde el 8 de noviembre de 2025 congelé la nómina territorial. Más adelante, el 31 de enero de 2026, la medida se extendió al orden nacional. Estas acciones mantuvieron la estabilidad durante los meses críticos del periodo.
Vacancias por muerte o renuncia y cumplimiento de carrera administrativa
Sólo autoricé nombramientos por vacancia definitiva, por ejemplo por muerte o por renuncia irrevocable. Cada decisión tuvo soporte documental.
Mantuve procesos de carrera cuando cumplían requisitos. Evité afectar derechos adquiridos de servidores públicos.
Áreas críticas permitidas: defensa, emergencias y salud
Para defensa, emergencias y salud evalué caso por caso. Todas las excepciones exigieron acto administrativo motivado y control interno.
- Ruta de aprobación con jurídico, talento humano y control.
- Prohibición de crear o suprimir cargos sin análisis técnico.
- Actas y cronogramas como evidencia para auditoría posterior.
| Fecha inicio | Ámbito afectado | Excepción |
|---|---|---|
| 8 nov 2025 | Territoriales y descentralizadas | Vacancia definitiva, carrera |
| 31 ene 2026 | Orden nacional | Defensa, emergencias, salud |
| Todo el periodo | Planta y vinculaciones | Acto motivado y respaldo documental |
Excepciones justificadas: cuándo sí procede contratar y ejecutar
Actué con cautela: autoricé contrataciones urgentes solo cuando la prestación pública corría riesgo inminente.
Defensa y seguridad nacional
Las acciones vinculadas a la defensa exigieron coordinación con autoridades competentes. Mantuvimos reserva y trazabilidad de cada proceso.
Operaciones de crédito público
Validé condiciones, plazos y riesgos antes de permitir actos financieros. Todo tuvo soporte técnico y jurídico.
Emergencias educativas, sanitarias y desastres
Priorizé continuidad de servicios y protección de la vida. Las intervenciones urgentes vinieron con acto motivado y evidencia de necesidad.
Reconstrucción por fuerza mayor
En casos de desastres implementé contratos de urgencia con controles de integridad y auditoría concomitante.
Gestiones indispensables de hospitales y IPS públicas
Forjé justificación robusta para insumos, personal y servicios críticos. Cada excepción se documentó y se publicó su avance para trazabilidad en la administración pública.
| Excepción | Justificación | Soporte requerido |
|---|---|---|
| Defensa y seguridad | Riesgo operativo inmediato | Acto administrativo motivado, reserva y coordinación interinstitucional |
| Crédito público | Obligaciones financieras inaplazables | Evaluación legal y financiera, acta técnica |
| Emergencias educativas/sanitarias | Continuidad de servicios básicos | Informe técnico, plan de acción y registro de compras |
| Reconstrucción por fuerza mayor | Restablecimiento de infraestructura crítica | Contrato de urgencia, auditoría paralela |
| Gestiones hospitalarias | Atención y seguridad del paciente | Soporte clínico, acto motivado y control interno |
Deberes de directivos y servidores públicos: neutralidad, trazabilidad y sanciones
Mi prioridad fue mantener la neutralidad institucional y dejar registro claro de cada actuación. Adopté reglas simples para que ninguna decisión pública pareciera apoyo político.
Publicidad oficial, uso de bienes y actos institucionales
Prohibí cualquier promoción institucional que pudiera interpretarse como ventaja para candidaturas. También evité modificar presupuestos de publicidad y controlé estrictamente el uso de vehículos, espacios y materiales.
Solo autoricé actos institucionales que fueran indispensables, neutrales y con acuerdo firmado por control interno y jurídica.
Sanciones penales y disciplinarias por incumplimiento
Socialicé el riesgo legal y disciplinario. Recordé que el artículo 410 del Código Penal contempla penas privativas de libertad y multas para quien instrumentalice recursos públicos.
Además, comuniqué que la Corte Constitucional protege la estabilidad del empleo y que el despido por buen servicio quedó descartado en este tipo de periodos.
- Informé al personal sobre conductas prohibidas y canales para reportar presiones.
- Registré decisiones sensibles en sistemas con soportes para auditoría y control de transparencia.
- Capacité equipos en la correcta aplicación de normas y establecí acuerdos internos de control.
| Prohibición | Riesgo sancionatorio | Medida que apliqué |
|---|---|---|
| Promoción política con recursos públicos | Penas privativas de libertad y multas | Suspensión de actividades y reporte a control interno |
| Incremento de publicidad oficial | Sanciones disciplinarias y reputacionales | Bloqueo presupuestal y acuerdo jurídico previo |
| Uso proselitista de bienes | Inhabilidad y sanciones administrativas | Registro en sistema y autorización excepcional motivada |
Salud y servicios esenciales: mi lectura sobre las excepciones en hospitales e IPS públicas
En los hospitales y las IPS públicas prioricé siempre la continuidad clínica sobre la rapidez administrativa.
Las entidades sanitarias quedaron exceptuadas de la suspensión de contratación directa, pero cada proceso exigió acto administrativo motivado. Yo pedí justificación clara: protección de la vida y garantía de continuidad asistencial.
Organizé compras de insumos y medicamentos con validaciones técnicas y control de inventarios. Exigí que el personal siga procedimientos precisos para solicitar y autorizar recursos, con tiempos y responsables definidos.
- Para servicios críticos, la ejecución requirió evidencia del riesgo a la vida y soporte clínico.
- Ante situaciones imprevistas, prioricé mantener atención abierta sin perder transparencia.
- Coordiné con otras instituciones del sector para evitar duplicidades y optimizar recursos.
- Informé periódicamente al comité de control interno sobre la ejecución y resultados de cada contratación exceptuada.
Para cada caso guardé soportes clínicos y operativos que explicaran por qué la excepción era la única vía viable. Esa trazabilidad protegió la confianza de pacientes y facilitó revisiones con abogados especialistas en derecho administrativo.
Medios, propaganda y encuestas: reglas que marcaron la cobertura preelectoral
Me ocupé de que los espacios informativos y las mediciones públicas cumplieran criterios de equidad y transparencia. Actué rápido para evitar interpretaciones de apoyo político por parte de entidades y medios.
Acceso equitativo y debates en RTVC
Los concesionarios debieron garantizar pluralismo e imparcialidad. RTVC organizó tres debates de hasta 60 minutos entre candidatos.
Durante los programas se permitieron intervenciones al inicio y al final de campaña. Yo supervisé la distribución de tiempos y documenté cualquier ajuste.
Límites a la propaganda y reportes al CNE
Solicité al equipo registros claros sobre uso de recursos y contratación de pauta. Los operadores privados reportaron semanalmente al CNE los tiempos entregados a campañas.
Firmé un acuerdo interno para bloquear contenidos que pudieran vulnerar la restricción sobre propaganda.
Transparencia y controles a encuestas, registros y veda previa a elecciones
Exigí que las encuestas publicadas incluyeran ficha técnica: quién las hizo, financiamiento, muestra, preguntas, área, fechas y margen de error.
Además verifiqué inscripción en el Registro Nacional de Encuestadores. Durante la semana previa a las presidenciales se prohibió la difusión de sondeos.
| Aspecto | Requisito | Sanción aplicable |
|---|---|---|
| Debates RTVC | Tres debates; 60 min máximo; tiempos equilibrados | Corrección por CNE si hay desequilibrio |
| Reportes | Registro semanal al CNE sobre tiempos y pauta | Multas y órdenes de rectificación |
| Encuestas | Ficha técnica y registro en el registro nacional | Multas hasta 200 SMLMV |
| Publicaciones | Veda la semana previa a elecciones; bloqueo de difusión | Sanción administrativa y suspensión de contenido |
- Registré procesos internos para no asignar recursos a actividades proselitistas.
- Monitoreé debates y reportes, y guardé soportes técnicos de cada proceso.
- En caso de dudas metodológicas preferí no publicar resultados; así protegí la confianza pública.
- Revisé que cualquier crédito o apoyo a contenidos no vulnerara las reglas y actué por cada caso detectado.
Impacto real en empleo público, contratos y economía local
Vi de primera mano cómo las medidas afectaron empleo y contratos temporales en municipios y entes nacionales durante el periodo. Más de 220.000 trabajadores con vinculaciones temporales y OPS enfrentaron incertidumbre sobre renovación o inicio.
Hasta un 30% de proyectos locales pudo quedar suspendido o afectado. Eso redujo flujo a proveedores y tensó la caja regional.
Actuaciones que implementé:
- Observé el impacto directo en empleo: vinculaciones temporales en pausa por meses críticos.
- Recalculé cronogramas de contratos y prioricé continuidad operativa sin vulnerar restricciones.
- Negocié un acuerdo de transición con contratistas para retomar ejecución apenas terminara la vigencia.
- En entidades territoriales la prohibición de convenios aumentó la sensibilidad del calendario y la ejecución.
- En nómina protegí la carrera y tramité vacancias por muerte con respeto al debido proceso.
- Administré recursos con cautela y mantuve indicadores para sostener servicios esenciales.
- Fortalecí la administración pública con planes de contingencia y un plan de reactivación postperiodo.
Documentar y comunicar fue clave: segmenté contratación por riesgo y expliqué a equipos y comunidades los pasos para recuperar ritmo sin sacrificar controles de integridad.
Conclusión
Anticipar el ajuste desde noviembre 2025 y aplicar la ley 996 fue determinante para manejar el periodo sin paralizar la operación pública.
La planificación en contratación y la revisión de contratos por meses permitieron proteger servicios y mantener transparencia. En los días de mayor sensibilidad prioricé trazabilidad sobre los recursos públicos y documentación técnica.
Con controles, actos motivados y coordinación interáreas se evitó riesgo reputacional y sanciones. Recomiendo institucionalizar matrices de riesgo y guías operativas para futuras contiendas; decisiones técnicas y oportunas salvan procesos y garantizan el interés público.