¿Puede una norma nacida en emergencia transformar para siempre la forma de hacer justicia?
Sancionada el 13 de junio, la ley 2213 de 2022 consagró la vigencia permanente del Decreto 806 como respuesta institucional. Yo presento aquí mi lectura profesional sobre por qué ese cambio convirtió la virtualidad en el estándar operativo de la Rama Judicial en Colombia.
Explico cómo esta decisión de política pública busca asegurar continuidad del servicio y promover la justicia digital como modelo estable, no transitorio. Analizaré antecedentes, reglas generales, las excepciones presenciales y los efectos procesales que más impacto tienen en litigantes y usuarios.
Anticipo también los puntos de riesgo: notificaciones por correo, cómputo de términos y acuses. Mi interpretación legal no sustituye consejo concreto, pero traduce la norma a decisiones operativas que protegen el acceso al derecho y la seguridad jurídica.
Conclusiones clave
- Transformación digital como estándar permanente en la Rama Judicial.
- El decreto 806 y su continuidad garantizan continuidad operativa.
- Riesgos frecuentes: correos para notificar y cómputo de términos.
- Mi interpretación traduce la norma a decisiones prácticas.
- La normativa busca proteger el acceso y la seguridad jurídica.
Contexto y origen de la justicia digital en Colombia: del COVID-19 al Decreto 806 de 2020
Cuando la pandemia cerró oficinas judiciales, la justicia tuvo que migrar a canales remotos. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró pandemia y, al día siguiente, Colombia entró en emergencia sanitaria. Esa ruptura hizo impracticable el acceso presencial a juzgados y oficinas administrativas.
El 4 de junio de 2020 se expedió el decreto 806 para permitir que usuarios, funcionarios y litigantes trabajaran desde casa usando medios tecnológicos y plataformas de información. El objetivo fue mantener actuaciones, audiencias y comunicaciones sin depender del papel.
Esta transformación no surgió de cero. Normas previas, como la Ley 270 de 1996, el CPACA y el Código General del Proceso ya mencionaban el uso de tecnologías y tecnologías información comunicaciones.
El decreto, de vigencia inicial por dos años, reactivó trámites y evitó el colapso económico y procesal del sistema. Cuando luego se sancionó ley 2213, se consolidó la transición hacia una nueva forma de litigar basada en correos y mensajes de datos como canales principales.
Para profundizar en reglas procesales y sancionatorios, recomiendo revisar la normativa de procesos sancionatorios que complementa este análisis.
Qué establece la ley 2213 de 2022 y por qué convierte la virtualidad en regla general
Mi lectura profesional identifica el núcleo normativo que vuelve la virtualidad en el camino ordinario para las actuaciones judiciales. La norma integra el decreto previo y lo desplaza de carácter excepcional a regla general en el proceso.
Vigencia permanente: el Decreto Legislativo 806/20 quedó incorporado como legislación permanente. Eso significa que el uso de medios y plataformas digitales es ahora el medio preferente para muchas actuaciones.
Impacta multiplicidad de ámbitos: civil, laboral, familia, contencioso administrativo, jurisdicción constitucional, disciplinaria y procesos arbitrales. En esos frentes la virtualidad deja de ser excepción y pasa a ser estándar operativo.
En penal y penal militar el uso de TIC depende de la decisión discrecional del juez o magistrado. Esa determinación no admite recurso, lo que obliga a estrategias procesales distintas en esa materia.
Finalmente, aclaro que la norma es complementaria: no reemplaza el Código General del Proceso ni el CPACA. Ajusta la forma de cumplir actuaciones y conviene revisar reglas específicas en contencioso administrativo para evitar confusiones.
Si requiere asesoría práctica, ofrezco consultoría en derecho administrativo para aplicar estos criterios en casos concretos.
Uso de TIC, acceso a la justicia e igualdad: cuándo procede la forma presencial
El cambio normativo obliga a equilibrar la virtualidad con garantías reales de acceso a la justicia. Entiendo la virtualidad como regla general, pero no como una barrera para quien carece de medios o habilidades.
Virtualidad como regla general y atención presencial garantizada cuando se requiera
El uso de plataformas y tecnologías facilita trámites. Sin embargo, la atención presencial debe estar disponible si el usuario la solicita o no puede interactuar por medios digitales.
Tratamiento especial para población rural, grupos étnicos y personas con discapacidad
La norma exige medidas concretas para población rural y grupos vulnerables. El despacho no puede trasladar la carga al ciudadano: debe ofrecer alternativas y facilidades.
Constancias en el expediente cuando no es posible usar medios digitales
Si un trámite no se completa por vía digital, debe dejarse constancia en los expedientes. Esa trazabilidad protege el acceso y la carga probatoria en el general proceso y ante el código general.
- Equilibrio: digital como regla, presencial como garantía.
- Registro: anotar imposibilidades en expedientes.
- Protección: medidas activas para poblaciones con brechas digitales.
Implicaciones prácticas en el proceso: poderes, demandas, expedientes y audiencias
He tenido que adaptar rutinas para garantizar trazabilidad cuando las actuaciones se realizan por medios electrónicos.
Poderes mediante mensaje de datos
El poder conferido mediante mensaje de datos se presume auténtico con la sola antefirma.
No exige firma manuscrita ni autenticación; sin embargo, yo exijo orden documental y copia verificable para evitar impugnaciones.
Correo del apoderado y registro
El envío debe incluir el correo electrónico del apoderado y coincidir con el registro profesional. Si el otorgante figura en Registro Mercantil, debe remitirse desde el correo inscrito.
Demandas, anexos y reparto
Presento demandas y anexos como mensaje a los correos que el Consejo Superior de la Judicatura definió para reparto.
Siempre indico los canales digitales de notificación para asegurar la trazabilidad y evitar retrasos.
Terceros, pruebas y audiencias
Si desconozco el canal digital de testigos o peritos, lo consigno en la demanda; eso no debe causar inadmisión.
Las audiencias suelen ser virtuales o telefónicas. Las pruebas presenciales proceden sólo por seguridad, inmediatez o fidelidad, con justificación objetiva.
Reglas en materia penal
En lo penal, el juez puede ordenar prueba presencial o admitir comparecencia virtual. Cuando se pide presencialidad, la asistencia física se limita a quien sea indispensable para la diligencia.
Para ejemplos prácticos y plantillas, reviso normas y criterios oficiales en la normativa disponible en la página del gobierno y en guías procesales de especialidad como las que publico en mi sitio.
Más información práctica: norma oficial y guía sobre conflictos e inhabilidades.
Notificaciones electrónicas, correo electrónico y términos: mi lectura sobre seguridad jurídica
La seguridad jurídica en notificaciones digitales depende menos del envío y más de la constancia de recepción.
Notificación personal mediante mensaje de datos
Puedo notificar personal enviando la providencia completa al correo que el interesado suministró, sin citación previa. Es esencial adjuntar la providencia íntegra y dejar registro técnico del envío.
Dos días hábiles siguientes al envío: cuándo se entiende surtida
Se entiende surtida la notificación una vez han vencido dos días hábiles siguientes al envío. Sin embargo, los términos empiezan a contarse cuando exista acuse de recibido o constancia de acceso del destinatario.
Acuse de recibido y alcance de la Sentencia C-420 de 2020
La Sentencia C-420 obliga a garantizar acuse o posibilidad de verificar el acceso. No es un detalle accesorio: condiciona la oponibilidad frente a la parte notificada.
Notificación por estado, reservas y traslados
Las notificaciones por estado se fijan virtualmente con inserción de la providencia. Existen reservas: medidas cautelares, menciones sobre menores o situaciones con reserva legal no se insertan.
Correo postal certificado y servicios UPU
El uso de correo electrónico postal certificado y servicios postales electrónicos UPU fortalece la trazabilidad cuando el correo ordinario no basta.
Si controvierto la notificación
Mi estrategia es solicitar nulidad ante defectos graves, invocando los artículos aplicables del código general proceso (arts. 132 a 138). Verifico dirección, constancia de acceso y cadena técnica del mensaje.
Emplazamientos y comunicaciones oficiales
Los emplazamientos en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y los mensajes desde correos oficiales judiciales se presumen auténticos. Aun así, verifico remitente y metadatos para garantizar validez procesal.
Conclusión
Resumo: la ley 2213 consolidó la virtualidad como regla general del proceso, pero su vigencia real depende del acceso efectivo y de medidas que eviten la exclusión.
Los cambios prácticos son evidentes: poderes y demandas por mensaje de datos, audiencias por medios tecnológicos y un régimen de notificación que exige acuses y constancias. Mi recomendación operativa es priorizar la trazabilidad: registros de envío, acuses, estados y copias archivadas.
La forma presencial no desapareció: sigue siendo la garantía cuando hay brechas digitales, necesidad probatoria o riesgos de seguridad. En contencioso administrativo conviene revisar el bloque normativo completo, pues ciertos aspectos ya eran permanentes.
Para aplicar esto en casos concretos, consulte un análisis normativo completo y estandarice correos, registros y constancias para reducir controversias sobre notificación y comunicaciones.